Argentina tiene una gran oportunidad: aumentar su producción agroindustrial al mismo ritmo que suben los precios de los granos y alimentos en el mundo y así promover el desarrollo con redistribución del ingreso en nuestro país. Pero, desde hace 104 días, el gobierno le ha declarado la guerra a los productores rurales, mediante un impuestazo conficastorio e irracional que ahora pretende refrendar por ley. Esta situación ha sumergido al país en una crisis política, social y económica alarmante.

¿Qué hace un gobierno razonable cuando quiere alentar un sector productivo? Lo valora, lo cuida, lo jerarquiza. Eso significa aprovechar una oportunidad. La otra posibilidad es extraerle rápidamente la renta, con tasas impositivas confiscatorias -44% de retenciones móviles lo es- para sacarle el jugo como si fuera la última cosecha. Y si el sector se resiste, acusarlo, descalificarlo y denigrarlo públicamente. Eso es oportunismo.

El proyecto de ley enviado por el gobierno al Congreso intenta ratificar la resolución 125 que generó todo este lamentable conflicto. Si esto ocurre, la crisis seguirá. Pero el que pagará el costo más alto será el propio gobierno: en los últimos meses la imagen positiva de la Presidenta cayó del 50% al 19%.

A continuación, los invito a leer y ver diversos reportajes que me hicieron, en las últimas semanas, sobre el tema:

Edición del diario Crítica de la Argentina, publicado el 8 de junio de 2008

Mi participación en Palabras más Palabras menos, conducido por Marcelo Zlotowiagzda y Ernesto Tenembaum (TN).

Video de A dos voces (TN, conducido por Marcelo Bonelli y Gustavo Sylvestre)

Entrevista para Inforegión

Mis declaraciones en Almorzando con Mirtha Legrand, el día 19 de este mes, editadas en la sección “Campo vs. Gobierno” por el programa TVR (Canal 13)

En 2007 se creó un fondo especial de 20 mil millones de pesos con el objeto de asegurar la sustentabilidad del sistema previsional. Ahora, el gobierno podría estar usando ese dinero para tapar el déficit y pagar vencimientos de la deuda externa.

El 22 de mayo presenté un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique la evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional que es un capital de reserva que se creó, hace aproximadamente un año, con dinero de los jubilados para preservar su valor y rentabilidad y atenuar posibles desarreglos en el financiamiento del régimen de reparto.

Se publicaron varias notas periodísticas denunciando el mal uso de este fondo, como la intención de realizar un préstamo -300 millones de pesos- a la empresa AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) la cual, según el presupuesto 2008, es deficitaria y no estaría en condiciones de devolverlo. También se denunció el uso del dinero para cubrir necesidades de financiamiento del sector público (por medio de una resolución conjunta, las Secretarías de Hacienda y Finanzas emitieron una Letra del Tesoro para la ANSES a cambio de 2.750 millones de pesos). Es decir que no se usó para el destino para el cual había sido creado.

Quienes en ese momento eran Director Ejecutivo de ANSES (Sergio Massa) y Ministra de Economía (Felisa Miceli) habían coincidido en que este fondo tenía por fin que “… el sistema público contara con estos recursos para que pueda garantizarse que en la Argentina los jubilados no sean variables de ajuste de las dificultades fiscales…”.

¿Llegaremos a saber en qué fue invertido el dinero de este fondo? ¿Podremos verificar si el objetivo de su creación se cumplió? ¿O será un fondo más de los que se vienen instituyendo hasta el momento y cuyos recursos no sabemos adónde se dirigen?

Estamos frente a la posibilidad de democratizar y transparentar el funcionamiento de los medios en la Argentina.

El 1 de mayo publiqué mi opinión aparecida en el diario BAE en la cual expresaba que los gobiernos no pueden continuar concediendo o negando licencias en forma discrecional y que es preciso debatir y reflexionar abiertamente, en el Congreso de la Nación, sobre qué pautas pondremos en práctica para que la nueva ley de radiodifusión nos abarque a todos los ciudadanos.

Para ello, y anticipándonos al día del periodista, el 5 de junio a las 15,30 hs. nos reuniremos en el Seminario Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Una agenda ampliada en el salón Manuel Belgrano del Senado de la Nación, asumiendo el compromiso de pensar -entre todos- un nuevo marco legal.

Participarán Gabriel Mariotto -Interventor, COMFER-; Jorge Lanata -Director, Diario Crítica-; Julio Rajneri -Director, Diario Río Negro-; Guillermo Mastrini -UBA-; Martín Becerra -UNQ-; Julio Blanck -periodista, Diario Clarín-; José Antonio Díaz -periodista, Revista Noticias-; Damián Fernández Pedemonte -Universidad Austral-; Sebastián Lacunza -Director Ejecutivo, FOPEA- y Osvaldo Ripoll -CEMCI-.

Reflexionaremos sobre una agenda legislativa que incluya normas sobre telecomunicaciones, radiodifusión, medios públicos y comunitarios, regulación de la publicidad oficial, acceso a la información pública o la necesidad del defensor de los usuarios, entre otras cuestiones centrales. Porque las políticas públicas de medios deben fundarse en la transparencia y no en el ocultamiento, en la libertad de expresión y no en la censura, los invito a participar.

Ayer a las 18,00 hs. el Bloque de la Coalición Cívica convocó a una sesión especial para derogar las retenciones móviles, iniciativa que fue acompañada por el radicalismo, el juecismo y el Bloque Federal. Pero el kirchnerismo abandonó el recinto negándose a debatir el tema que desde hace 80 días mantiene en vilo a la sociedad. Otro ejemplo de vaciamiento político e institucional. Me pregunto: ¿quién desestabiliza a la democracia?

Junto con mi compañero de bloque, el Senador Samuel Cabanchik, consideramos que el Congreso no puede seguir negando la realidad y que es imprescindible debatir el tema cuanto antes. Esto es algo que la sociedad toda reclama: derogar las retenciones móviles.

La sesión se solicitó partir de un Proyecto de Resolución, impulsado por el Senador Cabanchik. Al terminar la sesión ordinaria, los senadores kirchneristas dejaron sus bancas y se negaron a participar aduciendo que hay acciones desestabilizadoras y un clima destituyente por parte de la oposición.

También estuvieron presentes en la sesión especial las Senadoras González de Duhalde, Pinchetti de Sierra Morales, Negre de Alonso, Sánchez, Díaz y Colombo y los Senadores Morales, Marino, Giustiniani, Martínez, Castillo, Salazar, Massoni, Petcoff Naidenoff, Nikisch, Rossi y Vera.

El Congreso es el ámbito para resolver este conflicto. ¿Deberá seguir funcionando a espaldas del conjunto de la sociedad?

El miércoles 21 se sancionó la creación de un Fondo de Recompensas y el establecimiento de una nueva Cámara de Casación en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos incluidos en un paquete de leyes impulsado por el gobierno nacional.

El fondo está destinado a “… abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden a la Unidad Especial para Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia (…) datos útiles mediante informes, testimonios, documentación y todo otro elemento o referencia fidedigno y/o fehaciente cuando resultasen determinantes para la detención de personas buscadas por la justicia que registren orden judicial o búsqueda de paradero, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad… (…) otorgándose al Fondo “… la suma de pesos cinco millones…” y se crea la “… Unidad Especial para Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia…”, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, asignándosele una partida de “…pesos dos millones…” .

En ambos casos, las leyes fueron sancionadas con 38 votos afirmativos. El primer proyecto obtuvo 17 votos negativos y el segundo 12 votos en contra.

A continuación, transcribo mis intervenciones durante la sesión. También encontrarán, en los enlaces a los diarios Página 12 y Clarín, un resumen de lo sucedido.

TEMA: Creación de un fondo de recompensas para búsqueda de personas

Sra. Estenssoro. - Señor presidente: después de treinta años, la Argentina todavía sigue tratando de conocer toda la verdad acerca de lo que pasó durante la década del 70. Los familiares de desaparecidos y las personas que estuvieron detenidas y, por suerte, pudieron salir con vida de esos campos de concentración, aportaron casi todo lo que sabían; y gracias a ello pudo enjuiciarse a las juntas militares. Al respecto, tuve oportunidad de cubrir esos juicios como corresponsal de la revista “Time” y seguí día a día y mes a mes esa narración macabra de lo que vivimos los argentinos.Salvo en el caso del represor Scilingo, hasta ahora hemos escuchado muy poco de parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, de los torturadores y arrepentidos; no pudimos quebrar ese pacto de silencio que se dio entre los miembros de las fuerzas de seguridad, sus cómplices y sus familias. En ese sentido, imagino que muchos deben vivir con horror al comprender la brutalidad que cometieron, aparentemente en defensa de valores injustificables. Considero que ese pacto de silencio y esa obediencia debida no se romperá dando recompensas económicas.

A su vez, no creo que pueda compensarse económicamente a quienes fueron cómplices de torturadores y cometieron crímenes de lesa humanidad o estuvieron cerca de quienes perpetraron ese tipo de delitos. Pienso que no puede construirse la verdad en la Argentina a partir de algo tan vil como el dinero; creo que esa no es la manera.

Organismos importantes, como el CELS, no han participado ni recomendado este tipo de instrumentos, que no son habituales en el derecho internacional para esclarecer crímenes de lesa humanidad. O sea que, a nuestro juicio, aquí se presenta un tema ético: no podemos compensar económicamente a torturadores o a personas cercanas al aparato represivo, a esa maquinaria de la muerte y del terror.

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A partir de hoy intentaré, por medio de unas pocas líneas, darles a conocer los temas principales que se trataron en la última sesión del Senado, cómo resultaron las votaciones y mis posiciones al respecto. Las versiones taquigráficas con mis intervenciones serán publicadas cuando estén disponibles.

¿Podemos esperar 5 años para tener Seguridad Vial?

En la última sesión del 9 de abril, se sancionó la ley de Seguridad Vial. Una ley que no resuelve el problema en el corto plazo. Somos conscientes de la necesidad de sancionar esta norma que establece la creación de un Registro Nacional de Conductores, en el cual se incorporarán los antecedentes de tránsito de los conductores. La ley prevé la creación de un Registro Único de Infracciones que impedirá que los infractores habituales saquen tantas licencias como municipios existen, sumado esto a un sistema de puntaje (scoring).
Hasta aquí, todo parece perfecto. El problema surge al tomar en cuenta los plazos que propone esta ley. Les comento: al momento de que la ley sea publicada en el Boletín Oficial, comenzará a funcionar la Agencia Nacional de Seguridad Vial, solventada por medio de un nuevo impuesto (creado por esta misma norma) del 1% sobre las pólizas de seguros. Es decir, lo pagamos todos nosotros. Por otra parte, propone un plazo de 5 años para encontrar solución al drama de los accidentes de tránsito. En síntesis: la inmediata puesta en funcionamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no es otra cosa que la creación de una nueva caja de recaudación. Como decíamos, recaudar hoy para, tal vez, “…reducir en un 50% la cantidad de accidentes de tránsito en un período de 5 años…”.

En el bloque de la CC estamos de acuerdo con el marco general y con la urgencia de dar soluciones a los accidentes de tránsito que durante 2007 implicaron la muerte diaria de 22 personas (un promedio mensual de 676). La votación en general obtuvo 58 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención. Sí nos opusimos al artículo que refería a la generación de un impuesto específico –el 1% sobre las pólizas de seguros– debido a que el Estado ya cuenta con suficientes fondos como para financiar la Agencia. La votación en particular de este artículo, en su inciso f), tuvo por resultado 46 votos afirmativos y 16 negativos, sin abstenciones.

Tampoco acompañamos la modificación del artículo 28° ya que el mismo debería prohibir la venta de alcohol en las rutas y no sólo limitarla. Hubo 61 votos a favor, 2 votos en contra y no hubo abstenciones.

Para terminar, y a modo de explicación de nuestra postura, destacamos que, a una semana de sancionada esta ley, se han sumado (al lunes 14) doce nuevas víctimas fatales por accidentes de tránsito.

Hagamos, entonces, una regla de tres simple: ¿cuántas víctimas habrá que lamentar de aquí a cinco años?

A continuación, la versión taquigráfica con mi intervención en referencia a esta ley:

Sr. Presidente. —

Tiene la palabra la señora Senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. —

Señor Presidente: además de que, como lo explicó el señor Senador preopinante, creemos que existen los fondos necesarios en el área de la seguridad vial como para financiar la creación de esta Agencia, también es de público conocimiento que en los últimos años el gobierno tuvo un superávit fiscal de 75 mil millones de pesos —en gran medida, gracias a las retenciones— y que este año, sólo por ese concepto, va a recaudar 32 mil millones de pesos. Por lo tanto, no vemos cuál es la necesidad de crear un impuesto específico para esto. Consideramos que con los fondos con que cuenta el gobierno —que maneja el 72 por ciento de los ingresos públicos, que no coparticipa— no es necesario crear una nueva caja de recaudación. De lo contrario, como sucede en otras áreas, es posible que en el futuro tengamos problemas y no sepamos a dónde fueron los fondos. Mientras tanto los accidentes de tránsito seguirán aumentando como sucedió en la mañana de hoy, cuando produjo un choque con cinco muertos, veintidós camiones y dos ómnibus involucrados. Realmente, creo que es muy delicado el asunto para que estemos creando impuestos nuevos que nada tienen que ver con el tema en cuestión.

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